Las autoridades hicieron seguimientos e interceptaciones telefónicas a los sospechosos.
Un total de cinco policías en servicio activo, un policía en servicio pasivo y dos civiles fueron procesados por delincuencia organizada dentro del caso Depuración Azul por presuntamente vender armas y municiones de la Policía Nacional a grupos criminales de Ecuador.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó la prisión preventiva para siete procesados, incluidos los cinco policías.
Para una de las implicadas, se ordenaron prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a que a su pareja sentimental, también procesado, recibió prisión preventiva. La jueza consideró que esta medida responde a la necesidad del cuidado de sus hijos menores de edad.
Durante la diligencia se conoció que las autoridades seguían la pista al grupo delincuencial presuntamente integrado por policías desde el 13 de enero de 2025. Desde entonces se hicieron seguimientos, vigilancias e incluso interceptaciones telefónicas.
Según la investigación, el cabo Francisco P., encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional, habría sustraído municiones para fusiles calibre 5.56 mm y proyectiles 9 mm para pistolas.
Para que estas municiones de dotación llegaran a su destino, servidores policiales habrían actuado como nexos entre las organizaciones criminales y quienes hacían las entregas, usando un taxista –también procesado– y enviando encomiendas a través de empresas de transporte interprovincial hacia Guayas.
