Regionales

El alcalde señaló que continuará su trabajo en la capital. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que apelará la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La institución resolvió que el alcalde incurrió en una infracción electoral grave. En sus redes sociales, Muñoz indicó que, en términos legales, “corresponde apelar esta injusticia”. Y en términos políticos, “es una barbaridad”. Esto, debido a que se sienta un precedente nefasto. Así preguntó: “Si el presidente Noboa razona a favor de su Consulta Popular, ¿será multado, será destituido?”. Agregó que seguirá trabajando por la ciudad de Quito, inaugurando obras. “Recuperando el amor por la ciudad más linda del mundo. Ellos seguirán enfermos de odio, envidia y rencor”, mencionó. Sanción La noche de este viernes, el TCE aceptó la denuncia propuesta por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y Mónica Gabriela Jaramillo. Así, declaró que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, incurrió en la infracción electoral grave. Por ello, se impuso al alcalde la multa de USD 9 200, equivalente a 20 salarios básicos unificados. Además, se estableció que, como medida de reparación, el alcalde Muñoz debe emitir disculpas públicas a la ciudadanía de Quito, por haber incurrido en esta infracción electoral. Esto deberá hacerlo en la emisión de su Informe Semanal, a través de los medios de comunicación del Municipio de Quito. Deberá también disponer la publicación de la sentencia, a través de la página web institucional del Municipio, la cual se mantendrá por el lapso de 15 días. Y deberá hacer conocer al juzgador el cumplimiento de la presente sentencia y las medidas de reparación dispuestas.Con información de Radio Pichincha

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó la denuncia interpuesta en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por realizar campaña elelectoral junto a la candidata del corrreísmo, Luisa González, durante las elecciones presidenciales pasadas. La denuncia en contra de la primera autoridad de la capital fue interpuesta por Juan Guarderas y la abogada Mónica Jaramillo. Esta última informó la noche de este viernes, 8 de marzo de 2024, la decisión del TCE. En su cuenta oficial de X publicó parte de la sentencia del TCE. En el extracto se lee que el Tribunal declaró al alcalde Muñoz “responsable e incurrió en la infracción electoral grave tipificada en el numeral 3 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Operaciones Políticas de la República del Ecuador”. Por tal motivo, el Tribunal decidió sancionar al Alcalde con una multa de 20 salarios básicos (USD 9.200). Además, se dispone que como medida de reparación el alcalde de Quito emita disculpas públicas a la ciudadanía por dicha infracción. La sentencia del Tribunal también deberá ser publicada en la página web del Municipio de Quito durante 15 días. En el documento, el TCE no menciona una posible destitución de Muñoz de la Alcaldía, como era la pretensión de Guarderas. Hasta las 19:10, el alcalde Muñoz no se pronunció sobre la sentencia. En cambio, la abogada Jaramillo señaló en su cuenta de X lo siguiente: “Ganamos!! Las elecciones deben ser libres, transparentes y en condiciones iguales”. En tanto que, Juan Guarderas dijo “El mayor poder es la ciudadanía. Y la ley. Y a la ciudadanía y a la ley se las deben respetar, señor Pabel Muñoz”.

Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi sentenció al ciudadano venezolano Eliover A. P. a diez años de pena privativa de libertad, como autor directo del homicidio de su compatriota Adrián Y. A. La condena incluye el pago de 10.000 dólares a favor de las victimas indirectas, como reparación económica. La tarde del 13 de septiembre de 2023 en un inmueble ubicado en el cantón Salcedo, se produjo una gresca entre los dos hombres que compartían un cuarto. La víctima ingresó a la habitación y reclamó a Eliover A. P., porque estaba fumando marihuana. Este le contestó que hará lo que le da la gana. Cada uno tomó un cuchillo y un vecino les dijo que se calmaran. La víctima entregó el arma al vecino y en ese instante, el procesado lo hirió en la parte izquierda de su espalda, debajo de las costillas, provocando su muerte. Eliover A. P. huyó y tomó un bus interprovincial. Posteriormente, fue aprehendido a la salida de Quito. En la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó el informe pericial de inspección ocular técnica, el acta de defunción del ciudadano venezolano y la autopsia médico-legal, mismo que indica que falleció por hemorragia agua interna y externa, debido a una laceración de la aorta torácica producto de la penetración de un arma punzocortante. Además, expuso el informe pericial toxicológico, los testimonios anticipados de los testigos, un informe pericial de audio video y afines, y la materialización y transcripción de las imágenes, llamadas y audios del teléfono celular del procesado. También, el informe investigativo, el cual menciona que se efectuó una llamada telefónica al conductor del bus en que viajaba el procesado el día del crimen, pero ese momento no proporcionó datos por miedo a represalias. Posteriormente, manifestó que el 13 de septiembre de 2023, mientras cubría la ruta Ambato-Ibarra, en la ciudad de Salcedo, le hizo parar un ciudadano, mismo que luego fue detenido por la Policía en el sector de Pifo. El chofer indicó que al siguiente día, cuando limpió el bus, encontró un cuchillo con máculas de sangre. Información jurídica El delito de homicidio está tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Un presunto ladrón fue abatido por uniformados de la Policía Nacional la mañana de este miércoles 6 de marzo en el centro de Esmeraldas, cerca a las instalaciones de la Prefectura de Esmeraldas. El hecho ocurrió en las calles 10 de Agosto y Bolívar. Según testigos, cometió el delito en los exteriores de una entidad bancaria, ubicada en un par de cuadras. De acuerdo al testimonio de testigos, mientras el sujeto huía, amenazó a agentes presentes con un arma de fuego. Los policías respondieron con el uso progresivo de la fuerza. Su cuerpo quedó tendido en los exteriores de un local. Equipo de Criminalística recogió el cuerpo y contó los indicios balísticos. Los moradores del sector limpiaron posteriormente el sitio con agua y jabón para que no quedase rastro de la sangre que quedó impregnada en el suelo.

Una llamada a la central de emergencias 9-1-1 reportó a las 18:22 del miércoles 6 de marzo un siniestro de tránsito tipo volcamiento de una camioneta en las inmediaciones del puente de ‘Las Juntas’. El carril de subida ingreso a Baños, provincia de Tungurahua, permaneció cerrado mientras las labores de atención a los heridos se desarrollaban. El alertante detalló que existían personas heridas. Para socorrer a los afectados el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Ambato, coordinó la asistencia inmediata del personal de emergencia con equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos Baños (CB-B), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Policía Nacional (PPNN). Dos hombres de 26 y 50 años de edad y otras dos personas fueron atendidos en el sitio de la emergencia por parte de los paramédicos del CB-B y MSP. Luego de los primeros auxilios, los afectados fueron trasladados al Hospital Básico de Baños para que fueran atendidos por los médicos de turno de acuerdo a su diagnóstico. Efectivos de PPNN detallaron de manera preliminar que se trató de un siniestro vial tipo pérdida de carril de circulación más volcamiento de un cuarto en el que estuvo involucrada una camioneta, al momento se desconocen las causas. El automotor involucrado fue remolcado a los patios de retención vehicular para las diligencias de rigor correspondientes en este caso. Adicional, personal de CB-B realizó la limpieza de la calzada al existir combustible derramado. Posteriormente la carretera E30 quedó en condiciones seguras para la circulación vehicular.

La noche de este miércoles 6 de marzo inició un operativo policial en la Isla Mocolí, un sector residencial exclusivo de Samborondón. Agentes de la Policía Nacional ingresaron a la urbanización Arrecife para allanar un inmueble. Según información preliminar, la intervención policial se habría extendido hasta la madrugada de este jueves. Hasta las 06:15 no se había informado quién era el propietario de la vivienda, si existía algún detenido o artículos decomisados y por qué caso se ejecutó este operativo. Se tiene previsto que las autoridades se pronuncien en las próximas horas. La madrugada del lunes 4 de marzo fue detenido en la Isla Mocolí el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, y su esposa, en el marco del caso Purga. Hoy, Muentes, su esposa y diez personas más son procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada. El primero, así como otros ocho, cumplen prisión preventiva. Mientras que, a la cónyuge del exlegislador y a otro más se les dispuso medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentación periódica ante una unidad judicial. Finalmente, a un procesado de la tercera edad se le ordenó arresto domiciliario.

El Municipio de Guayaquil, en un comunicado oficial, informó del rescate de 30 perros que se encontraban en la Penitenciaría del Litoral. Bienestar Animal estuvo a cargo de esta operación ejecutada la tarde de este martes 05 de marzo de 2024. En el operativo también participaron agentes del Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y las Fuerzas Armadas. Según el documento, estos animales serán evaluados por el personal veterinario del Centro de Bienestar Animal para recibir las atenciones prioritarias debido a la situación de vulnerabilidad en la que vivían en el recinto carcelario. Posterior a los exámenes médicos, tratamientos y esterilización serán puestos en adopción en la campaña “Adopta Uno de Cien”. Hasta el momento, de ese centro penitenciario, esa entidad municipal ha recibido 348 animales entre gallos, gallinas y patos, que se han enviado a fincas santuario, en donde viven libremente. Desde la entidad comunican a la personas que deseen adoptar a estos animales que escriban al mail bienestaranimal@guayaquil.gov.ec o pueden ingresar a la cuenta de Instagram @bienestaranimalgye_.

Cinco de 10 jueces que conforman la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cumplen prisión preventiva por el caso Purga. Se trata de Fabiola Gallardo, expresidenta del organismo, con su compañero de despacho, Johann Marfetán Medina, y los magistrados Henry Taylor Terán, Guillermo Valarezo Coello y Alberto Lino Tumbaco. Mientras dure la instrucción fiscal y hasta que se defina si serán llamados a juicio por delincuencia organizada, mantendrán su competencia, pese a que el lunes, cuando fueron aprehendidos, dejaron de desempeñar sus funciones. Esto tuvo la consecuencia que se difirieran audiencias en las que debían participar y que ya estaban en agenda, perjudicando así a los usuarios de la Función Judicial. Solo el juez Reinaldo Cevallos Cercado, quien también es procesado por el caso, pero por su avanzada edad recibió medidas alternativas a la prisión preventiva, podrá seguir ejerciendo funciones hasta la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga, momento en que se determinará si será enjuiciado. El análisis del Consejo de la Judicatura para resolver la ausencia de jueces El Consejo de la Judicatura actualmente analiza la situación, que cataloga como una emergencia, ya que deberá delegar las causas que recayeron en el despacho de los jueces detenidos, a los magistrados que quedan en la sala. Esto puede congestionar aún más la operación del sistema judicial, en vista de que cada juez tendría que atender entre 10 y 12 audiencias convocadas por día, una asignación imposible de concretarse. Algunas se cruzarán y tendrán que ser aplazadas. Otra opción es buscar reemplazos en la lista de jueces de segunda instancia, pero con conocimiento y experiencia en el campo penal, pese a que su implementación tardaría en hacerse. Por ello, Álvaro Román, presidente de la Judicatura, considera una alternativa más: que tres jueces anticorrupción sean nombrados como jueces temporales de la Sala Penal, aunque ese un cambio que ellos deben aceptar.

En redes sociales se compartieron imágenes de un siniestro de tránsito registrado en el puente de Las Viñas, Ambato. Según información extraoficial, se trató de un tráiler que perdió los frenos y se accidentó. Sin embargo, lo que se viralizó no fue precisamente el accidente o el estado del chofer del vehículo, fue lo que hicieron las personas que circulaban por la zona cuando el evento ocurrió: se llevaron la mercadería. Según las imágenes, ciudadanos se aprovecharon de la situación y se llevaron la mercadería que quedó regada en la calzada. En las tomas se ve como personas de todas las edades toman los productos del piso y se los llevan. Esto ocurrió hasta que elemento de la Policía Nacional llegaron para cercar el lugar y así evitar que se sigan sustrayendo el producto que transportaba el tráiler. Cabe recordar que tomar mercadería de vehículos accidentados se sanciona en el Ecuador con una pena privativa de la libertad de seis meses a dos años. Así lo estipula el artículo 209 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde establece que el hurto es una contravención cuando el valor de las cosas ajenas no supera el 50% de un salario básico y sanciona esta infracción con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Es decir que, al ser el salario básico en el Ecuador de USD 460 en 2024, si una persona hurta de 1 centavo a USD 230, deberá recibir una pena de entre 15 a 30 días de cárcel. Pero, si hurta de USD 231 en adelante, la sanción será de entre seis meses a dos años, puesto que se convierte en un delito. Además, si se determina a los autores dentro de las primeras 24 horas del hurto, se puede iniciar un procedimiento por flagrancia y la empresa y persona afectada puede presentar una acusación particular.

La audiencia oral de pruebas y alegatos en contra del alcalde Pabel Muñoz por presunto proselitismo político se realiza este lunes 4 de marzo de 2024, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito La audiencia arrancó a las 10:30 y aún no finaliza. Concejales y asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acudieron a la diligencia para apoyar al alcalde capitalino. Sin embargo, Muñoz no asistió a la audiencia. El funcionario encargó a sus abogados que presenten las pruebas correspondientes para demostrar que él no cometió una infracción electoral. En cambio, según los denunciantes Juan Esteban Guarderas y Mónica Jaramillo hay seis videos en los que se podría evidenciar como, en las Elecciones Anticipadas de 2023, Muñoz supuestamente habría apoyado la candidatura a la presidencia de Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y denunciante de Muñoz, dijo “cuando una persona rompe la ley tiene que tener la cara para asumir las consecuencias y aceptar la realidad. Se rompió la ley y tiene que haber sanciones”. En cambio la defensa de Muñoz se refirió a los videos en los que se ve a Muñoz junto a González y afirmó que solo se conoce la fecha de publicación de esos videos en redes sociales, más no la fecha de creación. “Confío en que el señor juez valore las pruebas de conformidad como lo establece la ley y reglamento”, señaló Arturo Cabrera, abogado de Pabel Muñoz. Si esta audiencia termina hoy (4 de marzo de 2024), el juez del TCE, Joaquín Viteri podría emitir una sentencia en 20 días. El denunciante Esteban Guarderas, asegura que Muñoz cometió una falta electoral grave al promover la candidatura de Luisa González. Si el juez considera que Muñoz cometió la infracción podría ser destituido de su cargo, además de perder sus derechos políticos por un período que va entre seis meses y dos años. Por su parte, Muñoz califica como un despropósito la acusación de los denunciantes y asegura que no cometió ninguna infracción.