CDL Noticias Dirigentes de la Revolución Ciudadana, autoridades locales y analistas advierten un uso político de la justicia y cuestionan designaciones “irregulares” en el Consejo de la Judicatura. La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desató este martes, 10 de febrero de 2026, una reacción inmediata de rechazo y solidaridad desde distintos sectores políticos, principalmente del correísmo, que califican el hecho como un episodio de persecución judicial y un atentado contra el Estado de derecho. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo público al alcalde y sostuvo que, en un Estado de derechos, la justicia debe actuar con apego a la ley, respeto al debido proceso y sin arbitrariedades. “La democracia se fortalece cuando se garantizan los derechos y la dignidad de las autoridades electas y de la ciudadanía”, afirmó, al tiempo que rechazó lo que denominó “guerra judicial” para resolver conflictos políticos. En la misma línea, el expresidente Rafael Correa cuestionó duramente el accionar de las instituciones judiciales. “¡Ya basta!”, escribió, en un mensaje en redes sociales. Las críticas también se centraron en el Consejo de la Judicatura, luego de que varios dirigentes denunciaron que, horas antes de la detención, se habría producido una designación “ilegal” y “a medianoche” de Damián Larco como presidente encargado del organismo. Para el asambleísta Roque Ordóñez, este movimiento buscó desviar la atención del “escándalo” institucional mientras se avanzaba en acciones contra el alcalde guayaquileño. “Vivimos en una dictadura”, dijo. El parlamentario andino Virgilio Hernández fue más allá y aseguró que el control de la justicia responde a intereses políticos del Ejecutivo. En sus declaraciones, vinculó la detención de Álvarez con una estrategia para someter a jueces y silenciar a opositores, señalando directamente al gobierno de Daniel Noboa. La asambleísta Viviana Veloz afirmó que la detención “no es un hecho aislado”, sino una represalia frente a procesos de fiscalización política y un intento por encubrir decisiones cuestionadas dentro de la Judicatura. A su criterio, el país atraviesa un momento crítico en el que la justicia estaría “secuestrada por la Función Ejecutiva”. Otras voces, como la de la activista Melissa Zambrano, incluso hablaron de un “golpe de Estado”, mientras que el analista Daniel Granja advirtió que el episodio podría convertir a Álvarez en una figura política fortalecida de cara a un eventual escenario presidencial.
