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En la Comisión de Transparencia de la Asamblea se analizó la presunta desaparición de 8.000 piezas. Desde Asunción, Paraguay, donde reside, el expresidente Lenín Moreno reaccionó ante las afirmaciones que responsabilizaron a su administración por la desaparición de 8.000 piezas del Museo de Carondelet, valoradas en alrededor de 2,5 millones de dólares. A través de redes sociales, el exmandatario dijo que “es perverso” que lo quieran involucrar en la desaparición de los objetos. Y señaló que es un ataque del correísmo en su contra. “La fijación del correísmo conmigo es enfermiza. Entiendo que les debe doler el haber desmontado la ‘egoteca’ de Rafael Correa, pero querer involucrarme en la desaparición de piezas del museo es perverso”, publicó la tarde del miércoles 6 de marzo en la red social X. Agregó que fue presidente de la República, “no guardalmacén de la Presidencia”. Y recordó que la Contraloría, en un informe, concluyó que “… los presentes y regalos que conforman el patrimonio institucional se encuentran en la Reserva de Bienes Culturales, registrados y almacenados conforme a la normativa…”. Moreno indicó que la Secretaría General Administrativa es la entidad responsable de la gestión de los bienes del Palacio de Carondelet. La fijación del correismo conmigo es enfermiza. Bon Entiendo que les debe doler el haber desmontado la “egoteca” de Rafael Correa, pero querer involucrarme en la desaparición de piezas del museo es perverso. Fui Presidente de la República no guardalmacén de la presidencia.…— Lenín Moreno (@Lenin) March 6, 2024Sobre la desaparición de las piezas se trató el martes, en una sesión de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, que es presidida por el asambleísta Patricio Chávez, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Varios exfuncionarios del gobierno de Moreno hablaron sobre la presunta sustracción de los bienes, que incluyen cuadros, joyas y objetos de alto valor, que eran parte de las 11.000 piezas que estaban en el museo, el cual fue inaugurado por el expresidente Rafael Correa en mayo de 2017, antes de terminar su gobierno. María Alexandra Guarderas, exauxiliar de servicio del Palacio de Gobierno, dijo que en la administración de Lenín Moreno varios funcionarios habrían estado involucrados en la desaparición de los bienes. Eduardo Puente Hernández, experto en gestión cultural y procesos de archivo y museos, señaló que no hubo transparencia sobre la información del destino de los bienes e infraestructura del museo. (I)

Ruth Solano renunció este miércoles 6 de marzo del 2024 a su cargo como Procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tras ser procesada en el caso Purga. Así lo dio a conocer la propia entidad mediante un comunicado. Según la Fiscalía, Solano estuvo involucrada con Mayra Salazar y María Fabiola Gallardo, jueza y expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército gane una acción de protección a cambio de una obra. La acción fue presentada por Solano como Procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de entidades públicas por USD 30 millones. El recurso fue rechazado en primera instancia. Sin embargo, su apelación fue aceptada por un tribunal en el que estuvo María Fabiola Gallardo, a cambio de la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas, dijo la fiscal Diana Salazar. Incluso indicó que Mayra Salazar fue la encargada de la selección de los materiales, y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército canceló USD 1 400 para este trabajo. Reacción del Cuerpo de Ingenieros del EjércitoEl Cuerpo de Ingenieros del Ejército se deslindó de estos acontecimientos. «Este hecho no tiene relación alguna con actividades de carácter institucional. Las acciones que podrían haber sido ejecutadas, en este caso, por las servidoras y servidores públicos son de su entera responsabilidad sin el conocimiento y autorización de las autoridades del CEE». Ruth Solano recibió prisión preventiva junto a otras ocho personas. Fue enviada a la Cárcel 4 de Quito.

Según un documento del Frente Parlamentario Anticorrupción, Varela habría tenido vínculos con la mafia albanesa. En este sentido, la Comisión pidió su comparecencia. La excomandante de la Policía, Tanny Varela, y los generales en servicio pasivo Giovanni Ponce y Mauro Vargas no comparecieron por segunda ocasión ante la convocatoria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prevista para este miércoles 6 de marzo. Pamela Aguirre (correísmo), presidenta de la Comisión, mostró su disgusto por la inasistencia de las tres personas. «No han dado la cara al país, ante las denuncias que hay en su contra», mencionó. Esta Comisión, de mayoría correísta, pidió la comparecencia de los exfuncionarios el 21 de febrero debido a la divulgación del informe elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción, que presidió Fernando Villavicencio, en donde se señala que Varela habría tenido vínculos con la mafia albanesa. Según el documento, ella habría desintegrado el equipo que investigaba el denominado caso León de Troya, que ahora está unificado con el caso Encuentro, donde según las autoridades están involucrados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso, y el asesinado Rubén Cherres. En respuesta a esto, Varela dijo que «si las autoridades me requirieran estaré siempre presta para comparecer (…) Yo no he tenido la necesidad de huir del país o esconderme». No obstante, ante la convocatoria de la Comisión de Fiscalización para el 4 de marzo se excusó y dijo que la Asamblea «no es titular de acción penal alguna». Comandante de la Policía Quien sí acudió a la Asamblea fue el actual comandante de la Policía, César Zapata, quien destacó las acciones desarrolladas por la institución que regenta. Aseguró que las muertes violentas se han reducido en un 36% desde el 1 de enero de 2024. Además, añadió que darán paso a depuraciones de malos elementos con un Código de Ética. Zapata pidió que en adelante la sesión se lleve en secreto, lo cual fue aceptado por los integrantes de la mesa.

Dentro del movimiento indígena hay molestia por la firma de acuerdos de inversión minera en Canadá. No se descartan movilizaciones futuras. Líderes indígenas de la nacionalidad shuar de la provincia de Morona Santiago, aliados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), expresaron su rechazo y no descartan movilizaciones frente a las inversiones mineras acordadas por el gobierno de Daniel Noboa Azín en su viaje a Canadá. Desde el jueves anterior, el primer mandatario, Daniel Noboa, y varios de sus ministros iniciaron un periplo por Estados Unidos y Canadá en búsqueda de inversiones y reuniones con autoridades. Una de ellas la había concretado la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, con la firma de seis acuerdos de inversión minera por alrededor de $ 4.800 millones, según información oficial. En Toronto, el presidente @DanielNoboaOK junto a las ministras @sonsoles89, @andrearrobo y canciller @gabisommerfeld, participaron en el evento «Ecuador Day», organizado por la Cámara de Minería de Ecuador. Estas iniciativas buscan destacar el potencial minero del país, fomentar… Esto generó rechazo en las estructuras de base del movimiento indígena amazónico, que reclaman la falta de una consulta previa, libre e informada en sus territorios, como lo establecen la Constitución y normas internacionales, antes de firmar estos proyectos de inversión extractiva. En una declaración pública desde la Conaie en Quito, este 6 de marzo de 2024, se presentaron varias autoridades de organizaciones indígenas, entre ellas, Felipe Mashiant, presidente de la nación shuar del Ecuador (Nashe), quien delató a David Tankamash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), de haberse embarcado en el viaje presidencial sin la autorización de los dirigentes y menos para representarlos insinuando que se consultó a las comunidades para firmar estos acuerdos. «David Tankamash no puede hablar por los habitantes del pueblo shuar. Rechazamos que el Gobierno esté recibiendo $ 4.000 millones de Canadá, dando paso a 249 concesiones mineras a gran escala en nuestros territorios. Eso no está permitido. Si esto sucede, que una empresa minera llegue a nuestros territorios, armaremos una movilización y seguiremos luchando», aseveró Mashiant. Jaime Palomino, presidente del pueblo shuar Arutam, dijo que este es un proyecto «inconsulto» y ha presentado una queja al Gobierno nacional para que respeten sus derechos. «Los territorios no se venden», cuestionó. Los dirigentes elevaron un pedido a las organizaciones de base para que Tankamash sea destituido de sus funciones por actuar de forma arbitraria. Al final se pronunció el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien manifestó: «El presidente Daniel Noboa ha declarado su posición de hostilidad contra los pueblos indígenas del Ecuador. Su actitud hostil en contra de los pueblos indígenas». Iza increpó a Noboa de incurrir en un conflicto de intereses, ya que se beneficiaría al Grupo Noboa, del que son directivos familiares del mandatario. «Usted tiene intereses en la minería y es partícipe de las concesiones mineras del país… El interés mayor es vender a Canadá para tener ingresos a través de sus empresas en el Grupo Noboa. Se regalan a sí mismos (los recursos) y ceden derechos de nuestros territorios para cubrir lo que falta en este país», criticó el dirigente. El movimiento indígena tiene previsto realizar un congreso nacional el próximo 15 de marzo en Quito, en el que analizarán las acciones que emprenderán en contra de las políticas gubernamentales y de la consulta popular y referendo del 21 de abril. Según Iza, la «consulta mañosa» contiene una pregunta de enmienda constitucional sobre el arbitraje internacional, que es el equivalente a ceder soberanía ecuatoriana. Otra asamblea de sus bases se produciría el 22 de marzo y, en ella, está prevista la definición de acciones de protesta contra el extractivismo de recursos mineros. Mientras se toman decisiones, se fortalecerán las guardias comunitarias para que no se permita la infiltración violenta de las mineras, alertó Iza. (I)

La Fiscalía pidió fecha y hora para la formulación de cargos a Pedro Moreira, el juez que le otorgó un habeas corpus parcial a Junior Roldán, alias ‘JR’. Así lo dio a conocer la mañana de este miércoles 6 de marzo, a través de la cuenta oficial de la Fiscalía en la red social X. #ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc solicitó fecha y hora a la @CorteGuayas para formular cargos contra Pedro M. O., exjuez de Garantías Penitenciarias, por #prevaricato. Habría concedido un habeas corpus –contraviniendo Ley expresa– a favor de Junior Roldán, alias «Junior» (+). Los hechos se remontan a abril del 2022, cuando el juez Pedro Moreira entregó un habeas corpus parcial a Junior Roldán. Alías Junior, cumplía una condena de 22 años de prisión en la Regional de Guayaquil por asesinato. Junior pedía arresto domiciliario y presentó un informe médico con varios diagnósticos: esteatosis hepática, diabetes mellitus, hipertensión y cirrosis hepática; sin embargo, la Corte de Justicia del Guayas revocó el pedido.

La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas dijo que desde hace 15 años existen rumores de que el correísmo y exalcalde tenían controlada la justicia El exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano (PSC) Jaime Nebot rechazó las afirmaciones de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas María Josefa Coronel de que había sido advertido sobre la presunta influencia política que ejercía el exasambleísta de su partido Pablo M. “Es absolutamente falso que ella me haya “advertido” sobre algún accionar ilegal de Pablo M. en el campo de la justicia del Guayas… ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas; es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?”, cuestionó Nebot. Coronel explicó, en una entrevista con Notimundo, que al menos en los últimos quince años se rumoreaba que el “maridaje” entre el correísmo y Nebot tenían el control en la justicia y que con la llegada de Fabiola G. (también involucrada en el caso Purga) y Mayra S. en la comunicación, todo tomó más fuerza. En esas declaraciones, Coronel manifestó que para una verdadera depuración en la Corte Provincial del Guayas es necesaria la creación de un equipo técnico que garantice confidencialidad en su accionar, y el apoyo de personal de otros países. En tanto, Pablo M., Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva, por el presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Purga. El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, quien acusó a los tres en calidad de autores. Gustavo M., además es procesado en el caso Metástasis, pero gozaba de medidas sustitutivas. La resolución del juez Cadena se conoció la noche del 5 de marzo. Los tres fueron los primeros procesados sobre los que se pronunció el magistrado. En total son doce detenidos, de los cuales la Fiscalía pidió para uno la medida de arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad. En ese sentido, tras analizar los elementos de convicción y alegatos de las defensas, el juez Cadena dispuso lo siguiente sobre los otros nueve procesados, quienes son señalados como colaboradores: Prisión preventiva: a los jueces Henry T., Nelson P., Guillermo M., Alberto L.; a Ruth S., procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Fausto A., primo de Pablo M.Prohibición de salida del país y presentación periódica: Mónica A., esposa de Pablo M.; y Saúl M., secretario judicial. El juez de la causa negó para ambos la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.Arresto domiciliario: juez Reinaldo C., por tener 71 años de edad. Deberá usar grillete electrónico.La fiscal Diana Salazar solicitó que las nueve personas que irán a prisión no sean enviados a centros de rehabilitación donde se encuentran recluidos involucrados en el caso Metástasis. La investigación del caso se inició el 20 de febrero, a raíz de la explotación del contenido del teléfono celular de Mayra S., vinculada en el caso Metástasis, y del informe de la Policía Nacional sobre dicho dispositivo. Según la teoría de la fiscal general, Diana Salazar, que presentó un total de 119 elementos de convicción, Pablo M. sería el líder del grupo criminal que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial de Guayas, para obtener beneficios económicos y materiales. Además habría gestionado favores para impulsar las candidaturas de Fabiola G. y Hugo Manuel González, para que lleguen a la presidencia de la Corte provincial, respectivamente. El exparlamentario se habría aprovechado de su cercanía con jueces y altas autoridades de la Corte de Guayas para ganar, de forma fraudulenta, una demanda de $ 3,9 millones contra el Banco del Pacífico. También habría tenido una estrecha relación con Mayra S., con quien coordinaba acciones irregulares, para alcanzar sus propósitos, incluyendo publicación de mensajes en redes sociales a través de un troll center que ella manejaba. Asimismo, se lo acusa de haber influenciado en procesos judiciales de la Corte de Guayas, como el caso de Banco del Pacífico y una causa de Adolfo Macías, alias Fito, prófugo líder de Los Choneros, entre otros. En la fundamentación de su teoría la fiscal Diana Salazar hizo varias revelaciones sobre las doce personas que, por el momento, son vinculadas al caso Purga. (I)

Así como en el caso Metástasis los celulares del narcotraficante Leandro Norero, luego de ser periciados, dieron pistas de quiénes eran parte de una “empresa criminal” liderada por él para obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios, en el caso Purga la información (chats, videos, fotos) encontrada en un celular de Mayra S., comunicadora y publicista procesada en el primero, ha sido la base para construir la relaciones que existieron entre los líderes de un “grupo criminal” que captó la administración de justicia en Guayas. Cuando Mayra S. fue detenida en diciembre pasado por el delito de delincuencia organizada, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., marcaba distancia y aseguraba que el cargo como analista de comunicación de su despacho fue dispuesto por el Consejo de la Judicatura (CJ), en Quito, el 1 de octubre de 2023. En ese momento el presidente de la Judicatura era Wilman Terán, a quien se le ubica como colaborador de la estructura manejada por Norero en Metástasis. En cambio, el relato de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Purga refleja que la relación con Mayra S. viene desde antes de 2022, fecha en la que fue designada como presidenta de la Corte del Guayas. La noche del lunes 4 de marzo último, Salazar, durante la formulación de cargos contra el exasambleísta Pablo M., Fabiola G., y otras diez personas, aseguró que la expresidenta llegó al cargo gracias al trabajo comunicacional realizado por Mayra S., de 36 años de edad. Datos de la Fiscalía señalaban que la publicista se encontraba a cargo de la campaña de Fabiola G. y que por este trabajo la aún jueza desembolsaba de su sueldo como funcionaria judicial $ 2.500 mensuales. Así fueron los primeros cuatro meses y luego el pago lo habría asumido el entonces asambleísta Pablo M. Las cosas se mantuvieron así hasta que fue posesionado como presidente del CJ Wilman Terán, quien le habría otorgado un contrato provisional, aunque la pretensión era entregar un nombramiento definitivo. “Es que la Fiscalía todavía no alcanza a entender cuál es la labor de una relacionista pública en un despacho judicial. Vaya usted a saber. Así, estos honorarios, aquellos $ 2.500 fueron pactados en el domicilio de Pablo M. Aquí hago una reflexión. ¿Cuánto gana un funcionario judicial o un asambleísta para asumir el costo de una funcionaria que gana $ 2.500 mensuales y en efectivo? ¿De dónde salen esos fondos?”, sostuvo la fiscal general. Esos pagos, a decir de la teoría de la Fiscalía, dejaron de darse cuando la “organización” tuvo la coyuntura de que sea la CJ la que asuma ese pago y así se abra la puerta para que la justicia le pague a Mayra S. los honorarios para las actividades particulares. “Ahí ya se afectan los fondos de todos los ciudadanos”. Pero más allá del rol convencional que tendría una publicista, la Fiscalía cree que la contratación de Mayra S. habría estado destinada a instrumentalizar una dinámica criminal cuyos fines giraban en torno al control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, en los sumarios, en los cambios administrativos, así como la generación de la impunidad por intereses ilegales de los líderes de esta estructura: Pablo M., en la dirección, y Fabiola G. y el juez Johann M. en la planificación de delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricato. Según la Fiscalía, en el caso Metástasis existe información de que Mayra S. mantenía contacto directo con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal Salazar refirió que la procesada tuvo un rol de colaboración, el cual se efectuó desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal. Esto comprendía, se dijo, identificar jueces dispuestos a “suicidarse”, así llamaban a los jueces que apoyaron a la delincuencia. Mayra S. también fue relacionista pública de Cristina Reyes en la Asamblea y en el Parlamento Andino y trabajó junto a María Fernanda Vargas, hoy alcaldesa del cantón Simón Bolívar (Guayas) por la Revolución Ciudadana (RC), en un programa contra la violencia a la mujer que la fundación patrocinó. La información encontrada en el celular de Mayra S. también revela que servía al exlegislador Pablo M. como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes en defensa de las críticas que levantaban los ciudadanos por las decisiones judiciales direccionadas a favor de la cúpula de la organización, tratando, señaló Salazar, de maquillar y de manipular a la opinión pública. Como es común en todo grupo criminal, explicó la titular de la Fiscalía, la cúpula necesitaba de colaboradores con el fin de poner en marcha sus pretensiones delictivas. Así se habrían hecho presentes algunos funcionarios judiciales, funcionarios públicos y privados que habrían colaborado en la consecución de los objetivos de esta organización. Entre la información encontrada en el celular de Mayra S. están chats y audios intercambiados por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería compartidos con parte de los procesados en el caso Purga, pero también revelan otros nexos con, por ejemplo, Daniel Salcedo, coprocesado en Metástasis con la publicista, así como funcionarios de otras instancias públicas que le pedían favores. Por ejemplo, la Fiscalía sostiene que en el celular de Mayra S. se encontró un mensaje en el que Salcedo le pidió ayuda para supuestamente viralizar un video para lavar la imagen del grupo delictivo de Los Lobos, luego del asesinato de Fernando Villavicencio. El 10 de agosto pasado, a un día del crimen, Salcedo le escribe a Mayra S. diciéndole: Usted tiene calentita la noticia. Vea, con eso usted corona. Súbale a las redes. Ella le contestó entre risas y le dice: Vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo. El video en cuestión que debía ser publicado para ser reposteado fue subido a una cuenta troll que habría estado al mando de Mayra S. En la grabación aparecen supuestos integrantes de grupo definido por el Estado como terrorista Los Lobos deslindándose del asesinato. “Aclaramos y rechazamos el

El tratamiento del quinto proyecto de Ley económico-urgente del Gobierno inició con la comparecencia del ministro de Turismo, Niels Olsen. La autoridad asistió a la Asamblea para explicar el alcance de la normativa enviada por el Ejecutivo. De acuerdo con la Asamblea, el funcionario insistió en que se trata de una normativa que dotará de competitividad al sector turístico y abrirá importantes fuentes de empleo, a través de incentivos concretos. En su comparecencia, Olsen señaló que esta Ley es urgente porque es necesario reactivar el sector turístico del país. Actualmente es el tercer sector que genera mayores ingresos para el país en lo relacionado a exportaciones. Sin embargo, hay una caída importante en temas como, por ejemplo, la llegada de turistas extranjeros al país. Olsen habló que, a partir del 9 de agosto, después del ataque armado a TC Televisión y las repercusiones en la prensa internacional, los arribos internacionales bajaron en un 30%. #LaNuevaAsamblea @DesarrolloEcAN inició el estudio del proyecto de Ley económica urgente para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas en Ecuador, que busca dotar de competitividad al sector y, a la vez, generar nuevas fuentes de empleo. En este contexto, el ministro de… pic.twitter.com/z9GCDUFAly El funcionario también habló de la creación del conductor guía que permitirá diversificar la oferta turística para los visitantes, quienes tendrán que obtener una autorización de la Agencia Nacional de Tránsito, con las condiciones técnicas de los vehículos. La Comisión de Desarrollo Económico tendrá que elaborar un informe para el primer debate del Pleno sobre la ley para el turismo. Después de eso, la mesa legislativa tendrá que tomar en cuenta las observaciones hechas antes del segundo y definitivo debate.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los adultos mayores se espera que se consolide en marzo y abril de 2024. Lo confirmó Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI) a Expreso. El director indicó que en 2023 se registraron 5,3 millones de trámites de más de 1,1 millones de personas que solicitaron la devolución del IVA. Para ello, dijo en una entrevista a Ecuavisa, se desembolsó más de USD 133 millones. En otra entrevista, otorgada a El Universo, Larco dijo que con el incremento del IVA esperan ponerse al día con las deudas, en especial, de las devoluciones que no se concretaron desde octubre de 2023. “Dentro de esta deuda está la devolución del IVA a las personas de la tercera edad y con discapacidad. Esto se suma a la crisis de la caja fiscal, pues cuando asumimos había apenas $ 180 millones. Una vez que tengamos los recursos, esperamos ponernos al día lo más pronto posible. Se están haciendo algunos abonos a esta deuda. Justamente por esto era importante aprobar el IVA del 15 % porque esto nos va a permitir tener los recursos necesarios”, indicó el funcionario. Sobre el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó días atrás que transfirió USD 26,7 millones para la devolución del IVA a grupos vulnerables, entre ellos, adultos mayores o personas con discapacidad.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, decidió aceptar el pedido de la Fiscalía y dicta prisión preventiva para 11 de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada, entre ellos el exlegislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. La Fiscal Diana Salazar acusó a muentes de liderar una estructura criminal que influenciaba en las decisiones de los jueces de la Corte de Justicia de Guayas. Munetes quiso alegar depresiónLuego de escuchar los argumentos de la defensa del exasambleísta, El juez desestimó los argumentos de la defensa de Muentes, que presentó certificados médicos donde se aseguraba que el exasambleísta socialcristiano sufre trastorno depresivo, ansiedad e hipertensión arterial. De la Cadena Señaló que estos no se configuran en los casos especiales que contempla el Código Penal, pues no se trata de una enfermedad terminal. «Existe un riesgo procesal. La medida de prisión es idónea», dijo. La diligencia comenzó cerca de las 21:00 del 4 de marzo de 2024 y se extendió hasta la madrugada del martes, cuando fue suspendida para ser retomada al cabo de 10 horas, pasadas las 18:00. La medida de la prisión preventiva también dictó el magistrado en contra de Fabiola Gallardo, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas, y para el juez Johan Marfetán, a quienes la Fiscalía acusa de autores de delincuencia organizada en calidad de líderes del caso «Purga».