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Pagan hasta USD 10 mil por estudiar maestrías o doctorados en universidades del Ecuador o extranjeras. Se endeudan económicamente con el objetivo de sacar un título de cuarto nivel y fortalecer su hoja de vida. Pese a ello y a su experiencia, les resulta difícil conseguir un empleo o mejorar sus condiciones laborales. La ingeniera civil Rosalba Cabrera, de 44 años, tiene un masterado en gerencia empresarial. No consigue trabajo y ahora subsiste de los contratos ocasionales en obras pequeñas, mantenimientos o reparaciones de viviendas. «Todo se dificultó desde la pandemia del covid-19», contó en Ecuavisa.com. Antes de eso, hasta septiembre de 2019, laboró en el Metro de Quito. Pasó casi dos años sin trabajo y, en julio de 2022, pudo conseguir uno en una entidad pública por los contactos que tenía allí, pero el contrato se terminó. Ahora, ella trata de iniciar un emprendimiento porque el país vive una situación de incertidumbre por las escasas opciones de trabajo. Seguirá un curso de administración de edificios para ver si puede dedicarse a esa actividad. Tampoco descarta desempeñarse profesionalmente en el exterior, pues con la experiencia que obtuvo al formar parte de las obras del Metro capitalino, cree que puede conseguir algo mejor. Busca alternativas en Internet y espera que eso se concrete a futuro. Lo mismo pasa con el también ingeniero civil Miguel Manya, quien posee un masterado en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias que cursó en la Universidad San Francisco de Quito. Opina que existe una crisis inmobiliaria en el país, lo cual ha mermado el mercado laboral. «Ahora, tener una maestría no es suficiente para conseguir empleo». A su juicio, en Ecuador existe una oferta demasiado grande de títulos de cuarto nivel y hace 10 años era positivo para dar clases en centros superiores y especializarse. «Se ha diversificado demasiado y no es una garantía para nada». ¿SABÍAS QUE?La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec) cuenta con 63 instituciones de educación superior agremiadas, entre universidades y escuelas politécnicas. Y más de 150 institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios. Esa realidad se vive en el país mientras cada año se suman más gente con formación especializada. Según datos de la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt), el número de títulos de cuarto nivel se ha ido incrementando, tanto de quienes estudiaron en centros superiores ecuatorianos y del extranjero (ver cuadro arriba). Datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) refieren que la tasa de desempleo en profesionales con masterado pasó del 1,7% en el primer trimestre de 2023 y cerró con 2,7% en diciembre del mismo año. Eso es muy preocupante para Jhon Toro Ponce, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (Feupe). Considera que los centros superiores no se enfocan en la calidad de las maestrías, sino en cómo venderlas y eso provoca una saturación de posgradistas. «Conozco a compañeros con tres títulos de ese tipo que no tienen trabajo». Otra realidad preocupante es que los alumnos invierten hasta más de USD 10 mil en su formación de cuarto nivel y terminan con salarios bajos que no van con la realidad de su preparación. Para Arturo Rojas, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec), no existe una saturación en la oferta de maestrías y tampoco son un negocio de las universidades. A su criterio, lo que hace falta es que haya títulos de cuarto nivel de acuerdo a las necesidades económicas y productivas y en eso se encuentran trabajando con las autoridades. Por ello se implementó un clúster académico productivo que busca equilibrar el mercado laboral y mejorar la competitividad porque no hay un diagnóstico claro de las verdaderas necesidades laborales del Ecuador. Lo integran el Consejo de Educación Superior, la Asamblea del Sistema de Educación Superior, Asesec, los gobiernos locales, Asociación de Municipalidades (AME) y la Cámara Empresarial.

La expulsión se dio por la cercanía de Llori con el Gobierno de Guillermo Lasso. En la Convención Regional de la Amazonía, realizada en Tena, Napo, el movimiento Pachakutik expulsó de sus filas a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Esta es la tercera expulsión que se produce a la interna de Pachakutik. Antes salieron de la organización política los exlegisladores Ricardo Vanegas y Jessica Castillo. En el caso de Vanegas, su expulsión se dio por defender al expresidente Guillermo Lasso, en el juicio político instaurado en su contra, tras la revelación del caso Gran Padrino. En el caso de Llori, la expulsó se dio por un motivo similar. Es decir, “por haberse aliado con el Gobierno de Lasso”. El 19 de junio de 2023, Llori había sido nombrada por Lasso, como delegada de la Presidencia de la República para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Pero este no fue el único tema tratado en el evento. En esta Convención Regional Amazónica, además, se decidió proponer como candidato presidencial a Leonidas Iza por el movimiento Pachakutik.

La aparición de Adolfo Macías Villamar, conocido como alias ‘Fito’, líder de la banda terrorista ‘Los Choneros’, en una clase dirigida a policías colombianos, generó controversia a finales de febrero de este año. Sin embargo, Claudia Garzón Padilla, excomisionada de la pacificación en las cárceles de Ecuador, se pronunció recientemente para justificar este hecho. En un video difundido por Noticias Uno, de Colombia, quedó en evidencia la cercanía entre Garzón y ‘Fito’. En el audiovisual aparece la excomisionada impartiendo clases a los uniformados en compañía del mencionado narcotraficante, quien ahora es uno de los más buscados en la región. No obstante, según Garzón este episodio no constituyó una clase impartida directamente a los policías colombianos, sino que fue grabado con el propósito de servir como material «pedagógico». Además, dijo que este recurso ha sido utilizado en diversas ocasiones, incluso con uniformados de otros países y en diferentes contextos de capacitación en materia de seguridad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el viernes 8 de marzo, Claudia Garzón aprovechó la ocasión para abordar públicamente el incidente relacionado con ‘Fito’. Explicó que deseaba salir del silencio y compartir su experiencia, ya que ha sido objeto de injusticias. Durante dos años, y especialmente en los últimos días, la colombiana dijo que ha enfrentado «persecución» por levantar su voz y buscar la justicia. ”Sigo siendo perseguida con un video que hice, pedagógico, con alias Fito. Un video que lo he utilizado con otros policías hasta de otros países en otros escenarios también que capacito de seguridad, para hacer un análisis desde la psicología, criminología, anticipación y prospectiva de lo que piensa alguien con un perfil alto criminal como él, frente a la seguridad y frente al ser policía. Aclaro que nunca hubo una clase directa. Fue un video que grabé y que luego fue utilizado como un recurso y herramienta académica”, argumentó la excomisionada en un video Vinculación en Caso MetástasisEl mismo viernes 8 de marzo, la Fiscalía General del Estado también informó que ha solicitado fecha y hora para vincular a la instrucción fiscal del caso Metástasis a trece personas, entre ellas Claudia Garzón y el ex asambleísta Ronny Aleaga. La institución aseguró que cuenta con los elementos suficientes que hacen presumir su participación en el delito de delincuencia organizada, en la causa en la que otras 39 personas ya son procesadas. En diciembre de 2021, el ex presidente de la República, Guillermo Lasso, bajo el Decreto Ejecutivo N° 294, dispuso la conformación de la “Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación”. Con ello, se pretendía contribuir al desarrollo y aplicación de estrategias -enfocadas en derechos humanos- para erradicar las muertes violentas en los centros de privación de libertad en todo el país. La comisión estuvo conformada por un equipo multidisciplinario de nueve expertos nacionales e internacionales, entre ellos Garzón Tras asumir funciones en Ecuador, la experta en Criminología estableció una estrecha relación con los líderes de bandas que controlaban los pabellones de la Penitenciaría, en Guayaquil. Incluso, el nombre de Garzón fue motivo de controversia tras la difusión de un video en el que aparecía con el ex jefe narco, Leandro Norero. Frente a la vinculación, Garzón se pronunció nuevamente, este sábado 9 de marzo, a través de otro video «ante la noticia llena de misoginia hacia mi». «Sigo luchando ante una persecución atroz por liderar un proceso de pacificación entre líderes de estructuras criminales en el Ecuador. Mi misión fue mitigar violencias y masacres en las cárceles de ese país, y ahora soy perseguida», señaló la excomisionada. A raíz del asesinato de Leandro Norero, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi en 2022, la Fiscalía obtuvo varias evidencias que fueron halladas en los celulares del fallecido, señalado como líder de una organización delictiva dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. Así surgió el caso ‘Metástasis’ que destapó una presunta gran trama de delincuencia organizada en la función judicial, policial y carcelaria, por el que fue enviado a prisión el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien a la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez nacional, al igual que jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.

La presidenta del Parlamentario Andino, quién se desafilió del Partido Social Cristiano en 2022, no mencionó bajo qué contienda política participaría en las próximas elecciones presidenciales. Adelantó que tendría que buscar una coalición. Cristina Reyes, máxima representante del Parlamento Andino, anunció que será precandidata para las elecciones presidenciales de Ecuador, que tomarán lugar en 2025. Lo anunció en una entrevista digital con el programa El Cabezazo del canal Home Productions. «Si Dios lo permite, así va a ser», afirmó. No indicó bajo qué contienda política promovería esta candidatura. Adelantó que deberá buscar una coalición, porque aseveró que es complicado formar un partido nuevo de de cara a los próximos comicios. Reyes formó una larga carrera con el Partido Social Cristiano (PSC), obteniendo curules, entre 2007 y 2021, como legisladora en la Asamblea Nacional y como concejal del Municipio de Guayaquil. En los tres periodos que estuvo en el Legislativo, fue vicepresidenta de la Comisión de Educación, y fue vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Para las elecciones presidenciales de 2021, era la única candidata presidencial del PSC. Sin embargo, tras concretarse la alianza con CREO de Guillermo Lasso, ella declinó estar en la papeleta electoral. En cambio, se postuló bajo la misma organización política para formar parte del Parlamento Andino, cargo para el que fue electa en ese mismo año. Sin embargo, en 2022, anunció su desafiliación con el PSC por discrepancias profundas con algunos de los militantes del partido. En julio de 2023, Reyes fue elegida como la presidenta del Parlamento Andino. Este cargo es turnado por un año para cada país que forma parte del organismo. Por lo tanto, regresaría a ser parlamentaria andina en julio de 2024. En los últimos meses, Reyes se pronunció sobre la relación laboral que mantuvo con Mayra Salazar, ahora mencionada en los casos de corrupción Metástasis y Purga, pues ella fue su asesora de comunicación tanto en la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino, antes que Salazar entrara en la Corte Provincial del Guayas. Reyes dijo que Mayra Salazar fue contratada por el buen perfil que tenía, al mantener buenas relaciones con varios medios de comunicación. Aseveró que ella no puede saber con quiénes conversan sus colaboradores.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha evitado pronunciarse sobre el diálogo que mantuvo la titular de esa Cartera de Estado, Sade Fritschi, a inicios de este mes con representantes de un país que no existe. Medios de comunicación, han consultado a la institución en qué contexto la funcionaria aceptó una entrevista con supuestos líderes de los Estados Unidos de Kailasa, la nación imaginaria instalada en una isla de Ecuador. El Ministerio no ha respondido. El encuentro entre Fritschi y los delegados del ficticio país Kailasa tuvo lugar en Nairobi, capital de Kenia, en el marco de la sexta edición de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que cada dos años reúne a los 193 estados miembros de la ONU para abordar colectivamente los problemas medioambientales críticos a los que se enfrenta el planeta. Si bien la convención trata de reunir a delegados de todos las naciones del mundo, también pueden participar activistas, entre otros interesados. Esta sería al menos la tercera ocasión en que miembros de Kailasa logran participar en convenciones de la ONU. Según recoge la BBC en artículos periodísticos, el 22 y el 24 de febrero de 2023 intervinieron en importantes reuniones con líderes mundiales. La ONU la integran 193 estados miembros, aunque también permite la participación de algunos pueblos que no tienen un Estado propio, pero bajo la aprobación de la mayoría de sus miembros, como es el caso de territorios palestinos. ¿Dónde estaría Kailasa?El autoproclamado gurú hindú Nithyananda Paramashivam afirma haber fundado a los Estados Unidos de Kailasa en 2019 en una isla que habría comprado supuestamente a Ecuador. La ministra inexperta Esta semana la joven ministra Fritschi no solo ha sido cuestionada por el encuentro con representantes de una nación ficticia, sino también por su comparecencia el pasado miércoles ante la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, de la Asamblea Nacional. A la funcionaria se le preguntó, por ejemplo, sobre el presupuesto de su Cartera de Estado. Si había aumentado o disminuido con respecto al año anterior. No pudo precisarlo. También se le cuestionó sobre las licencias otorgadas para instalar camaroneras en terrenos agrícolas. Dijo que eran temas específicos y pidió que esas solicitudes se las presenten por escrito. Fritschi solicitaba constantemente ayuda a sus asesores que la acompañaban en la sala. No fue precisa en sus comentarios, lucía nerviosa y tartamudeaba. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, quien forma parte de esa comisión, le increpó: «Tratemos de prepararnos un poco más para estas comparecencias». «Nadie es todólogo. Son datos muy específicos. Ojalá fuera todóloga. Si todos fuéramos todólogos la vida sería más fácil», mencionó.

Hugo González, presidente de la Corte Provincial de Guayas renunció a su cargo este viernes 8 de marzo de 2024. Su vinculación al caso Purga ya se ha anunciado y dijo a la prensa que deja el cargo para defenderse. El anuncio lo hizo poco después del mediodía en una rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Aunque aseguró que no ha favorecido a políticos ni bandas delictivas y no tendría vinculación al caso Metástasis ni Purga. En la víspera su nombre apareció entre chats difundidos entre Mayra Salazar y el exasambleísta Pablo Muentes. Ambos detenidos, Salazar por el caso Metástasis y Muentes por el caso Purga. Por este último hay una docena de procesados. El caso investiga el presunto delito de delincuencia organizada y una red de corrupción en el sistema judicial. La casa y despacho de González fueron allanados el lunes 4 de marzo de 2024. Al mismo tiempo se ejecutaron más de una docena de incursiones en otros inmuebles. La Corte Provincial quedaría en manos de Juan Francisco Morales, según Álvaro Román, presidente de la Judicatura. Esto a pesar de que la Corte es autónoma y deberá tomar la decisión luego de sesionar. La normativa determina que el juez con mayor antigüedad es quien debe asumir al presidencia.

Ha pasado un cuarto de siglo. El lunes 8 de marzo de 1999 los bancos no abrieron. Días después se anunció el congelamiento del 50 por ciento de los depósitos en sucres y el 100 por ciento de los ahorros en dólares. Así, la crisis originada en la banca perforó el bolsillo de todos los ecuatorianos. Faltaban aún 300 días para el fin del siglo XX que -para más de uno- era sinónimo también de fin del mundo. Amanecía el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Era 1999 y gobernaba Jamil Mahuad. Para entonces, un puñado de bancos ya agonizaba, incluido el más grande, Filanbanco. Ese lunes a las siete de la mañana el superintendente de Bancos apareció en cadena de televisión anunciando que los bancos privados no abrirían: “El feriado bancario es para prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la reserva monetaria internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios”, dijo. En la noche el mismo funcionario volvió a las pantallas para anunciar que el feriado se prolongaba por cuatro días más. Días después se anunció el congelamiento por un año del 50 por ciento de los depósitos en sucres y el 100 por ciento de los ahorros en dólares. En el Congreso la medida se calificó de inhumana; el expresidente Osvaldo Hurtado, mentor de Mahuad, dijo que se estaba viviendo “una tragedia griega”. Laura Collantes, quiteña, recuerda: “Mi esposo se jubiló en 1996 y todo lo que le pagaron por sus 20 años de trabajo se quedó en el Banco del Progreso. Cuando se decretó el congelamiento, estábamos construyendo una casa. Suspendimos las obras… Era desesperante no poder contar ni con un centavo de los ahorros realizados con mucho sacrificio y no saber si finalmente nos los devolverían”. El feriado fue el clímax de una crisis bancaria que se había gestado en silencio durante cinco años y que terminó pulverizando la moneda nacional en enero de 2000. En ese tiempo, el país perdió la tercera parte de su Producto Interno Bruto, la pobreza urbana se duplicó llegando al 65 por ciento, mientras 903 mil personas abandonaron el país que los había traicionado. La Ley que gatilló todo Al igual que en toda tragedia, la causa es la suma de circunstancias que se alinean de manera malévola. En 1994 soplaban vientos de modernización del Estado y el gobierno Durán Ballén-Dahik promulgó una nueva Ley de Instituciones Financieras que liberalizaba esa actividad. Basados en la Ley, “los bancos formularon e implementaron políticas incompatibles con la buena prudencia y sensatez financiera”, comentó años después César Robalino, exministro de Finanzas. A eso se sumó en 1995 una guerra con el Perú que hizo tambalear al presupuesto nacional y que indujo la creación de un impuesto extraordinario al bolsillo ciudadano. Todo iba de mal en peor: en octubre de 1995 en el Congreso empezó una crisis política que se agravó en 1997 con un golpe de Estado y con un gobierno interino salido de mágicas negociaciones legislativas. Buscando una medicina para salvar al paciente, una Asamblea Constituyente nos dio una nueva Carta Magna. Pero mientras los constituyentes debatían, el fenómeno de El Niño destruía bananeras, camaroneras, carreteras, puentes, viviendas y más. La caída del precio del petróleo completó la tormenta perfecta. Al final de 1998 el Partido Social Cristiano colaboró con un tributo que sustituyó al Impuesto a la Renta y que solo redujo significativamente las recaudaciones. El mismo partido lideró la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos con una ley que permitió a los banqueros entregar sus bancos quebrados para que el Estado asuma las pérdidas. Allí aparecieron los préstamos vinculados (los bancos a sus propios dueños), deudores fantasmas, captaciones ilegales que se escondían en paraísos fiscales y un etcétera de malas prácticas bancarias. Filanbanco, Progreso, Previsora, Popular… “Tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros que fueron metiéndole la mano a los bolsillos de los ecuatorianos”, dijo Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción. Al final nadie pudo decir que recuperó todo su dinero congelado porque por cada millón de sucres se recibieron de vuelta solo 40 dólares. Pero aun así, no todos tuvieron “esa suerte”. Con información de VISTAZO

Gobierno mantiene la declaratoria de zona de seguridad a los centros de privación de libertad, así como el radio de un kilómetro del perímetro de cada cárcel. Aunque el Gobierno ha indicado que el SNAI continúa en el manejo de las cárceles del país, los militares podrán seguir interviniendo en el sistema carcelario. El estado de excepción que se amplía por 30 días también incluye al sistema carcelario del país. La Corte validó, entre otras, la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en el interior de todos los centros de privación de libertad que están bajo la administración del SNAI. Dentro del decreto que avala la ampliación del estado de excepción se estipula la movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en el interior de las cárceles. Bloque de Seguridad interviene otra vez la cárcel Regional y Penitenciaría de Guayaquil Además se contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, esto es, la posibilidad de realizar inspecciones y requisas por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tendientes al hallazgo de escondites, espacios de almacenamiento de armas y explosivos, entre otros. Durante estos meses, los militares han entrado a realizar requisas de armas, droga y otros artículos que están prohibidos en las cárceles. Drogas, celulares y electrodomésticos se hallaron durante intervención en la cárcel Regional Este estado de excepción contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia en los centros carcelarios. Es decir, toda carta, mensaje, comunicación o misiva será previamente revisada por la Policía o Fuerzas Armadas. Esta debe estar encaminada al fin legítimo, que es la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier PPL u ocultamiento de alguna conducta ilícita. El Gobierno además mantiene la declaratoria de zona de seguridad a los centros de privación de libertad, así como el radio de un kilómetro del perímetro de cada centro. Los uniformados podrán realizar controles a vehículos y transeúntes que circulen por estas vías, así como disponer de los cierres viales que se requieran. (I)

La ex Directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, ha sido señalada en estos días por sus opiniones en torno al exasambleísta Pablo Muentes y una afirmación sobre Jaime Nebot. María Josefa Coronel, ex directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, sostuvo que las acciones de Pablo Muentes eran vox populi en la Corte de Justicia de esa provincia. En entrevista con Primicias aclaró que no advirtió de forma directa a Jaime Nebot sobre lo que el exasambleísta del PSC hacía en la Corte, como dijo en entrevista radial, días atrás. «No es cierto, porque nunca he tenido, y creo que ninguna otra persona, a excepción de la Fiscalía, elementos objetivos, contundentes, para desmantelar todo lo que ha hecho este personaje. ¿Cómo entonces se va a poner en alerta a alguien si no se tiene una contundencia previa? No dudo que, una vez más, cuando uno dice que era vox populi lo que se comentaba, se pueda mal interpretar». Además, María Josefa Coronel subraya que, a través de cercanos al líder del PSC, Jaime Nebot, le hizo conocer que Muentes emprendió una campaña en su contra. Pero, dijo al medio digital, que nunca tuvo una respuesta al respecto. Pablo Muentes es uno de los procesados en el Caso Purga, por supuesta delincuencia organizada. En esa investigación también se encuentran con prisión preventiva Fabiola Gallardo, exdirectora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; y otros jueces y funcionarios judiciales.

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo para extender por 30 días más el estado de excepción. El documento señala que la medida se toma debido a la grave conmoción interna y a la existencia de un conflicto armado interno. No hay variaciones respecto al último Decreto del 23 de enero. El Gobierno señaló que La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. El documento firmado por Noboa señala que se incluye el control de todos los centros de privación de la libertad que son parte del Sistema Nacional -de Rehabilitación Social, sin excepción. “De igual manera, la semaforización del toque de queda por cantones se mantiene vigente, sin cambios”, señaló la Presidencia en un comunicado. El pasado 8 de enero, el presidente Noboa decretó el primer estado de excepción. Eso permitió la movilización de las Fuerzas Armadas, Sin embargo, al día siguiente, los actos de violencia desatados por grupos de delincuencia organizada motivaron el reconocimiento de un conflicto armado interno. Después de eso, los militares tomaron el control de las cárceles y, junto a la Policía Nacional, han desplegado operativos en diferentes puntos del país. La misma Policía Nacional ha registrado una disminución en las muertes violentas en comparación con el año 2023. Ayer, el comandante de esa entidad, César Zapata, dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que ahora, los operativos se concentran en otros puntos ya que en las primeras zonas priorizadas se evidencia una disminución de los delitos