El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a la solicitud de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, impulsada por la bancada Revolución Ciudadana (RC).
Los legisladores Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna entregaron el pedido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, el pasado 29 de julio.
Se fundamentaron las presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre CELEC EP y las empresas Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLC para proyectos de generación eléctrica.
Según los legisladores correístas, Manzano debía responder políticamente por su presunta responsabilidad en el caso Progen, que habría generado millonarios perjuicios al Estado.
Sin embargo, durante la sesión del CAL del 5 de agosto, no se alcanzaron los votos necesarios para calificar la solicitud, por lo que el pedido de juicio político no será remitido a la Comisión de Fiscalización.
«¡El CAL no está por encima de la ley!»
El legislador Lenín Barreto rechazó la decisión del Consejo de Administración Legislativa de no calificar la solicitud de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Según Barreto, la petición cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que el CAL no tenía competencias para bloquear el proceso.
“El CAL no está por encima de la ley ni del pueblo ecuatoriano”, afirmó Barreto, quien acusó al organismo de frenar un proceso legítimo de fiscalización. Aseguró que la solicitud fue presentada con todos los informes, documentos y fundamentos jurídicos requeridos por la normativa.
Barreto insistió en que la ministra Manzano debe responder políticamente por su gestión, señalando que bajo su administración se habrían pagado más de 110 millones de dólares a las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), sin planificación previa ni transparencia, en el marco del denominado “caso Progen”. Según el legislador, estos contratos presentan “graves irregularidades”, como lo confirmarían informes de la Contraloría General del Estado.
El asambleísta cuestionó si el CAL protege a la ministra o a los “intereses oscuros” detrás de los contratos, y no al pueblo ecuatoriano. Además, criticó que la Asamblea se convierta en “cómplice de la corrupción energética”.
Finalmente, Barreto anunció que volverá a presentar el juicio político, esta vez —según dijo— con más fuerza, nuevas pruebas y el respaldo ciudadano. “El juicio político es un instrumento para decirle la verdad a los ecuatorianos, no un capricho de la bancada de gobierno”, concluyó.
