El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa la reintroducción de la minería, una medida que genera fuertes debates sobre los beneficios económicos frente a los riesgos ambientales y sociales.
Tras su éxito en reducir la violencia de las pandillas, Nayib Bukele busca posicionar a la minería como un motor económico clave en El Salvador.
El mandatario ha solicitado al Congreso, dominado por su partido, la derogación de la prohibición de la minería metálica vigente desde 2017. Según Bukele, el país cuenta con yacimientos de oro con alta densidad por kilómetro cuadrado, lo que representa una oportunidad económica única para incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) y reducir la pobreza.
En su propuesta, Bukele destacó que estudios preliminares han identificado más de 50 millones de onzas de oro valoradas en USD de 131 565 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB salvadoreño.
«Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana», afirmó el presidente.
Polémica por impacto ambiental y social
Las declaraciones del mandatario han desatado una ola de protestas lideradas por activistas, organizaciones religiosas y ONGs. Estas alertan sobre los riesgos ambientales y sociales de reactivar la minería en un país densamente poblado, con reservas de agua limitadas y una alta vulnerabilidad ambiental.
Pedro Cabezas, activista de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, advirtió que abrir minas en zonas como Chalatenango podría causar daños irreparables en las reservas forestales y en la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a gran parte de la población. Por su parte, Antonio Pacheco, de la ONG ADES, subrayó que la contaminación y el agotamiento del agua serían inevitables, lo que agravaría las condiciones de vida de los salvadoreños.
División en las comunidades locales
En Santa Rosa de Lima, una antigua zona minera, la propuesta ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos ven en la minería una fuente potencial de empleo y desarrollo, otros temen que el retorno de las grandes compañías desplace a los trabajadores artesanales y agrave la contaminación de ríos y tierras.
«Los ríos se contaminan, los animales mueren y no podemos tener nada nosotros aquí». expresó José Torres, un minero artesanal de 72 años
En contraste, Rubén Delgado, un albañil de la misma zona, cree que la minería formal podría traer prosperidad a las comunidades rurales.
Viabilidad económica bajo escrutinio
Expertos económicos han señalado que, aunque las cifras presentadas por Bukele son prometedoras, la implementación de la minería requiere una regulación estricta y acuerdos justos con las empresas extractivas. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, enfatizó que el país debe buscar modelos que garanticen beneficios significativos, ya que las regalías mineras suelen ser bajas, entre el 2% y 3%.
Además, recordó la experiencia pasada con Pacific Rim Cayman, que en 2016 perdió un arbitraje contra El Salvador tras reclamar USD 250 millones de dólares por la negación de un permiso de extracción. Acevedo subrayó que «no hay ninguna receta que pueda generar un crecimiento de la noche a la mañana» y abogó por una negociación más favorable para los intereses del país.
Desafío para el futuro de El Salvador
La propuesta de Bukele pone en el centro del debate las prioridades del desarrollo económico frente a la preservación ambiental y social. En un país donde el 27% de la población vive en pobreza y el crecimiento del PIB ha sido limitado, la minería podría representar una oportunidad transformadora.
Sin embargo, los riesgos asociados, desde la contaminación hasta la falta de garantías para las comunidades, siguen siendo obstáculos significativos que el gobierno deberá enfrentar para consolidar este polémico plan. AFP