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Ha pasado un cuarto de siglo. El lunes 8 de marzo de 1999 los bancos no abrieron. Días después se anunció el congelamiento del 50 por ciento de los depósitos en sucres y el 100 por ciento de los ahorros en dólares. Así, la crisis originada en la banca perforó el bolsillo de todos los ecuatorianos. Faltaban aún 300 días para el fin del siglo XX que -para más de uno- era sinónimo también de fin del mundo. Amanecía el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Era 1999 y gobernaba Jamil Mahuad. Para entonces, un puñado de bancos ya agonizaba, incluido el más grande, Filanbanco. Ese lunes a las siete de la mañana el superintendente de Bancos apareció en cadena de televisión anunciando que los bancos privados no abrirían: “El feriado bancario es para prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la reserva monetaria internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios”, dijo. En la noche el mismo funcionario volvió a las pantallas para anunciar que el feriado se prolongaba por cuatro días más. Días después se anunció el congelamiento por un año del 50 por ciento de los depósitos en sucres y el 100 por ciento de los ahorros en dólares. En el Congreso la medida se calificó de inhumana; el expresidente Osvaldo Hurtado, mentor de Mahuad, dijo que se estaba viviendo “una tragedia griega”. Laura Collantes, quiteña, recuerda: “Mi esposo se jubiló en 1996 y todo lo que le pagaron por sus 20 años de trabajo se quedó en el Banco del Progreso. Cuando se decretó el congelamiento, estábamos construyendo una casa. Suspendimos las obras… Era desesperante no poder contar ni con un centavo de los ahorros realizados con mucho sacrificio y no saber si finalmente nos los devolverían”. El feriado fue el clímax de una crisis bancaria que se había gestado en silencio durante cinco años y que terminó pulverizando la moneda nacional en enero de 2000. En ese tiempo, el país perdió la tercera parte de su Producto Interno Bruto, la pobreza urbana se duplicó llegando al 65 por ciento, mientras 903 mil personas abandonaron el país que los había traicionado. La Ley que gatilló todo Al igual que en toda tragedia, la causa es la suma de circunstancias que se alinean de manera malévola. En 1994 soplaban vientos de modernización del Estado y el gobierno Durán Ballén-Dahik promulgó una nueva Ley de Instituciones Financieras que liberalizaba esa actividad. Basados en la Ley, “los bancos formularon e implementaron políticas incompatibles con la buena prudencia y sensatez financiera”, comentó años después César Robalino, exministro de Finanzas. A eso se sumó en 1995 una guerra con el Perú que hizo tambalear al presupuesto nacional y que indujo la creación de un impuesto extraordinario al bolsillo ciudadano. Todo iba de mal en peor: en octubre de 1995 en el Congreso empezó una crisis política que se agravó en 1997 con un golpe de Estado y con un gobierno interino salido de mágicas negociaciones legislativas. Buscando una medicina para salvar al paciente, una Asamblea Constituyente nos dio una nueva Carta Magna. Pero mientras los constituyentes debatían, el fenómeno de El Niño destruía bananeras, camaroneras, carreteras, puentes, viviendas y más. La caída del precio del petróleo completó la tormenta perfecta. Al final de 1998 el Partido Social Cristiano colaboró con un tributo que sustituyó al Impuesto a la Renta y que solo redujo significativamente las recaudaciones. El mismo partido lideró la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos con una ley que permitió a los banqueros entregar sus bancos quebrados para que el Estado asuma las pérdidas. Allí aparecieron los préstamos vinculados (los bancos a sus propios dueños), deudores fantasmas, captaciones ilegales que se escondían en paraísos fiscales y un etcétera de malas prácticas bancarias. Filanbanco, Progreso, Previsora, Popular… “Tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros que fueron metiéndole la mano a los bolsillos de los ecuatorianos”, dijo Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción. Al final nadie pudo decir que recuperó todo su dinero congelado porque por cada millón de sucres se recibieron de vuelta solo 40 dólares. Pero aun así, no todos tuvieron “esa suerte”. Con información de VISTAZO

Gobierno mantiene la declaratoria de zona de seguridad a los centros de privación de libertad, así como el radio de un kilómetro del perímetro de cada cárcel. Aunque el Gobierno ha indicado que el SNAI continúa en el manejo de las cárceles del país, los militares podrán seguir interviniendo en el sistema carcelario. El estado de excepción que se amplía por 30 días también incluye al sistema carcelario del país. La Corte validó, entre otras, la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en el interior de todos los centros de privación de libertad que están bajo la administración del SNAI. Dentro del decreto que avala la ampliación del estado de excepción se estipula la movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en el interior de las cárceles. Bloque de Seguridad interviene otra vez la cárcel Regional y Penitenciaría de Guayaquil Además se contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, esto es, la posibilidad de realizar inspecciones y requisas por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tendientes al hallazgo de escondites, espacios de almacenamiento de armas y explosivos, entre otros. Durante estos meses, los militares han entrado a realizar requisas de armas, droga y otros artículos que están prohibidos en las cárceles. Drogas, celulares y electrodomésticos se hallaron durante intervención en la cárcel Regional Este estado de excepción contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia en los centros carcelarios. Es decir, toda carta, mensaje, comunicación o misiva será previamente revisada por la Policía o Fuerzas Armadas. Esta debe estar encaminada al fin legítimo, que es la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier PPL u ocultamiento de alguna conducta ilícita. El Gobierno además mantiene la declaratoria de zona de seguridad a los centros de privación de libertad, así como el radio de un kilómetro del perímetro de cada centro. Los uniformados podrán realizar controles a vehículos y transeúntes que circulen por estas vías, así como disponer de los cierres viales que se requieran. (I)

La ex Directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, ha sido señalada en estos días por sus opiniones en torno al exasambleísta Pablo Muentes y una afirmación sobre Jaime Nebot. María Josefa Coronel, ex directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, sostuvo que las acciones de Pablo Muentes eran vox populi en la Corte de Justicia de esa provincia. En entrevista con Primicias aclaró que no advirtió de forma directa a Jaime Nebot sobre lo que el exasambleísta del PSC hacía en la Corte, como dijo en entrevista radial, días atrás. «No es cierto, porque nunca he tenido, y creo que ninguna otra persona, a excepción de la Fiscalía, elementos objetivos, contundentes, para desmantelar todo lo que ha hecho este personaje. ¿Cómo entonces se va a poner en alerta a alguien si no se tiene una contundencia previa? No dudo que, una vez más, cuando uno dice que era vox populi lo que se comentaba, se pueda mal interpretar». Además, María Josefa Coronel subraya que, a través de cercanos al líder del PSC, Jaime Nebot, le hizo conocer que Muentes emprendió una campaña en su contra. Pero, dijo al medio digital, que nunca tuvo una respuesta al respecto. Pablo Muentes es uno de los procesados en el Caso Purga, por supuesta delincuencia organizada. En esa investigación también se encuentran con prisión preventiva Fabiola Gallardo, exdirectora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; y otros jueces y funcionarios judiciales.

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo para extender por 30 días más el estado de excepción. El documento señala que la medida se toma debido a la grave conmoción interna y a la existencia de un conflicto armado interno. No hay variaciones respecto al último Decreto del 23 de enero. El Gobierno señaló que La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. El documento firmado por Noboa señala que se incluye el control de todos los centros de privación de la libertad que son parte del Sistema Nacional -de Rehabilitación Social, sin excepción. “De igual manera, la semaforización del toque de queda por cantones se mantiene vigente, sin cambios”, señaló la Presidencia en un comunicado. El pasado 8 de enero, el presidente Noboa decretó el primer estado de excepción. Eso permitió la movilización de las Fuerzas Armadas, Sin embargo, al día siguiente, los actos de violencia desatados por grupos de delincuencia organizada motivaron el reconocimiento de un conflicto armado interno. Después de eso, los militares tomaron el control de las cárceles y, junto a la Policía Nacional, han desplegado operativos en diferentes puntos del país. La misma Policía Nacional ha registrado una disminución en las muertes violentas en comparación con el año 2023. Ayer, el comandante de esa entidad, César Zapata, dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que ahora, los operativos se concentran en otros puntos ya que en las primeras zonas priorizadas se evidencia una disminución de los delitos