Así como en el caso Metástasis los celulares del narcotraficante Leandro Norero, luego de ser periciados, dieron pistas de quiénes eran parte de una “empresa criminal” liderada por él para obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios, en el caso Purga la información (chats, videos, fotos) encontrada en un celular de Mayra S., comunicadora y publicista procesada en el primero, ha sido la base para construir la relaciones que existieron entre los líderes de un “grupo criminal” que captó la administración de justicia en Guayas. Cuando Mayra S. fue detenida en diciembre pasado por el delito de delincuencia organizada, la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., marcaba distancia y aseguraba que el cargo como analista de comunicación de su despacho fue dispuesto por el Consejo de la Judicatura (CJ), en Quito, el 1 de octubre de 2023. En ese momento el presidente de la Judicatura era Wilman Terán, a quien se le ubica como colaborador de la estructura manejada por Norero en Metástasis. En cambio, el relato de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Purga refleja que la relación con Mayra S. viene desde antes de 2022, fecha en la que fue designada como presidenta de la Corte del Guayas. La noche del lunes 4 de marzo último, Salazar, durante la formulación de cargos contra el exasambleísta Pablo M., Fabiola G., y otras diez personas, aseguró que la expresidenta llegó al cargo gracias al trabajo comunicacional realizado por Mayra S., de 36 años de edad. Datos de la Fiscalía señalaban que la publicista se encontraba a cargo de la campaña de Fabiola G. y que por este trabajo la aún jueza desembolsaba de su sueldo como funcionaria judicial $ 2.500 mensuales. Así fueron los primeros cuatro meses y luego el pago lo habría asumido el entonces asambleísta Pablo M. Las cosas se mantuvieron así hasta que fue posesionado como presidente del CJ Wilman Terán, quien le habría otorgado un contrato provisional, aunque la pretensión era entregar un nombramiento definitivo. “Es que la Fiscalía todavía no alcanza a entender cuál es la labor de una relacionista pública en un despacho judicial. Vaya usted a saber. Así, estos honorarios, aquellos $ 2.500 fueron pactados en el domicilio de Pablo M. Aquí hago una reflexión. ¿Cuánto gana un funcionario judicial o un asambleísta para asumir el costo de una funcionaria que gana $ 2.500 mensuales y en efectivo? ¿De dónde salen esos fondos?”, sostuvo la fiscal general. Esos pagos, a decir de la teoría de la Fiscalía, dejaron de darse cuando la “organización” tuvo la coyuntura de que sea la CJ la que asuma ese pago y así se abra la puerta para que la justicia le pague a Mayra S. los honorarios para las actividades particulares. “Ahí ya se afectan los fondos de todos los ciudadanos”. Pero más allá del rol convencional que tendría una publicista, la Fiscalía cree que la contratación de Mayra S. habría estado destinada a instrumentalizar una dinámica criminal cuyos fines giraban en torno al control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, en los sumarios, en los cambios administrativos, así como la generación de la impunidad por intereses ilegales de los líderes de esta estructura: Pablo M., en la dirección, y Fabiola G. y el juez Johann M. en la planificación de delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricato. Según la Fiscalía, en el caso Metástasis existe información de que Mayra S. mantenía contacto directo con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal Salazar refirió que la procesada tuvo un rol de colaboración, el cual se efectuó desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal. Esto comprendía, se dijo, identificar jueces dispuestos a “suicidarse”, así llamaban a los jueces que apoyaron a la delincuencia. Mayra S. también fue relacionista pública de Cristina Reyes en la Asamblea y en el Parlamento Andino y trabajó junto a María Fernanda Vargas, hoy alcaldesa del cantón Simón Bolívar (Guayas) por la Revolución Ciudadana (RC), en un programa contra la violencia a la mujer que la fundación patrocinó. La información encontrada en el celular de Mayra S. también revela que servía al exlegislador Pablo M. como operadora de cuentas troll para publicar sus mensajes en defensa de las críticas que levantaban los ciudadanos por las decisiones judiciales direccionadas a favor de la cúpula de la organización, tratando, señaló Salazar, de maquillar y de manipular a la opinión pública. Como es común en todo grupo criminal, explicó la titular de la Fiscalía, la cúpula necesitaba de colaboradores con el fin de poner en marcha sus pretensiones delictivas. Así se habrían hecho presentes algunos funcionarios judiciales, funcionarios públicos y privados que habrían colaborado en la consecución de los objetivos de esta organización. Entre la información encontrada en el celular de Mayra S. están chats y audios intercambiados por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería compartidos con parte de los procesados en el caso Purga, pero también revelan otros nexos con, por ejemplo, Daniel Salcedo, coprocesado en Metástasis con la publicista, así como funcionarios de otras instancias públicas que le pedían favores. Por ejemplo, la Fiscalía sostiene que en el celular de Mayra S. se encontró un mensaje en el que Salcedo le pidió ayuda para supuestamente viralizar un video para lavar la imagen del grupo delictivo de Los Lobos, luego del asesinato de Fernando Villavicencio. El 10 de agosto pasado, a un día del crimen, Salcedo le escribe a Mayra S. diciéndole: Usted tiene calentita la noticia. Vea, con eso usted corona. Súbale a las redes. Ella le contestó entre risas y le dice: Vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo. El video en cuestión que debía ser publicado para ser reposteado fue subido a una cuenta troll que habría estado al mando de Mayra S. En la grabación aparecen supuestos integrantes de grupo definido por el Estado como terrorista Los Lobos deslindándose del asesinato. “Aclaramos y rechazamos el
