CDL Noticias El grupo criminal Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, consolidó su dominio en esta zona amazónica desde 2022, mediante el uso de extrema violencia para controlar las actividades de minería ilegal. Según testimonios de pobladores desplazados recopilados por la Coordinadora de Colectivos Sociales por la Defensa de la Naturaleza de Napo, las masacres y asesinatos han sido constantes, aunque silenciados por el miedo. En octubre de 2024 se reportó una matanza en Alto Punino. Un video, grabado ese mismo día pero divulgado meses después por temor a represalias, muestra varios cuerpos siendo trasladados en una canasta metálica de las que se usan para proteger bidones de combustible en las zonas mineras. No se distingue el número exacto de víctimas, pero habitantes de la zona aseguran que hubo decenas de muertos. El video fue difundido en mayo de 2025, tras el asesinato de once militares de la Brigada de Selva 19 Napo, lo que evidenció el nivel de violencia que impone este grupo armado en su disputa por el territorio minero. En Alto Punino, los Comandos de la Frontera asesinan a mineros, proveedores, comerciantes e incluso informantes que no se someten a sus reglas, según la Coordinadora. La organización calcula que el grupo armado controlaba entre 2.000 y 3.000 personas que participan en la actividad minera bajo su control. La Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas y gobiernos seccionales fueron alertados de la presencia de este grupo armado en Orellana, a apenas 56 kilómetros de la frontera con Colombia. En tres años, el Ejército ha realizado operativos específicos en Alto Punino. Uno de los más importantes ocurrió el 14 y 15 de febrero de 2024, cuando patrullas militares destruyeron un campamento y se enfrentaron con integrantes del grupo armado. En el lugar se incautaron fusiles, pistolas, uniformes, chalecos y distintivos de las FARC. Un presunto integrante murió en el cruce de fuego. Sin embargo, no existe presencia permanente de la fuerza pública. La ausencia estatal ha permitido la expansión de la minería ilegal a lo largo de 1 400 hectáreas, según un informe del Programa de Monitoreo del Amazonas.