El proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa presentado por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, fue analizado este viernes 28 de marzo por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
La propuesta, que recién es tramitada pese a que fue presentada en mayo de 2023, plantea calificar como infracciones que las instituciones religiosas se asocien con fines políticos, realicen proselitismo político o propaganda a favor o en contra de un candidato, el uso de sus instalaciones para realizar reuniones o actos políticos de propaganda electoral y promover conductas contrarias a las libertades fundamentales.
Entre los argumentos en los que se basa la propuesta está el enfoque de género cuyo objetivo, según su proponente, es evitar prácticas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres.
Las sanciones pueden ser la amonestación por escrito, multa de hasta USD 14 100 y suspensión o pérdida de la personería jurídica, de acuerdo al proyecto, se puede aplicar más de una sanción a la iglesia o a cualquiera de sus miembros.
Durante la sesión virtual, la legisladora Esther Cuesta se refirió a que las iglesias deben rendir cuentas de sus ingresos ante la Contraloría General del Estado, lo cual se propone en el artículo 28 del proyecto.
En caso de aprobarse, el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la ley así como de imponer sanciones sería el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pudiendo enviar los documentos y pruebas pertinentes a la Fiscalía General del Estado, si se presume que los hechos pudieren constituir infracciones de tipo penal.
