Los contratos con la empresa estadounidense Progen, ejecutados por el Gobierno de Daniel Noboa para paliar la crisis energética en Ecuador pero cancelados recientemente por incumplimientos, se han convertido en el nuevo foco de disputa en la Asamblea Nacional entre los legisladores de ADN y la Revolución Ciudadana.
Las comisiones de Participación Ciudadana, de mayoría oficialista, y de Garantías Constitucionales, con mayoría correísta, se disputan la fiscalización de los contratos suscritos con Progen Industries LLC, relacionados con la Contratación Emergente de Generación Terrestre en las centrales térmicas de Quevedo y Salitral.
El pasado 11 de junio, a petición del asambleísta correísta Lenin Barreto, la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales, presidida por Jaime Estrada, anunció su “compromiso con los ecuatorianos” al iniciar el proceso de fiscalización de los contratos suscritos por el Ministerio de Energía y Minas con las empresas PROGEN y ATM.
Esta decisión se produjo luego de que, en la sesión del Pleno ese mismo día, el legislador de Revolución Ciudadana, Blasco Luna, propusiera modificar el orden del día para debatir presuntas irregularidades en los contratos energéticos entre Progen, Austral Technical Management (ATM) y Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Sin embargo, la propuesta fue bloqueada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y parte de los asambleístas de Pachakutik, impidiendo así la discusión del tema.
“Esta Comisión se encargará de fiscalizar los contratos de Progen y ATM, ya que 76 asambleístas lo impidieron”, enfatizó el legislador Barreto.
Fiscalización exclusiva sobre contratos de Progen
Por su parte, Diana Jácome, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, afirmó este miércoles que el proceso de fiscalización sobre Progen corresponde a su mesa legislativa, según una decisión oficial del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Según Jácome, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional tiene asignada de forma oficial y exclusiva la fiscalización del proceso contractual entre el Ministerio de Energía y Minas y la empresa PROGEN.
Señaló que, mediante la Resolución CAL-RVVR-2023-2025-0279, emitida el 22 de abril de 2025, el CAL dispuso que sea la Comisión de Transparencia la encargada de conocer y tramitar este caso.
Además, Jácome enfatizó que, conforme al artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), cuando una comisión asume oficialmente un proceso de fiscalización y control político, ninguna otra comisión puede requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre el mismo asunto.
“Esto no es una disputa de espacios, sino una cuestión de legalidad y respeto institucional”, señaló la legisladora.
A inicios de junio, Celec notificó su intención de cancelar unilateralmente los contratos con Progen. Los proyectos, cuya inversión superaba los USD 100 millones, fueron adjudicados en agosto de 2024 y debían ser finalizados para noviembre del mismo año, es decir, en un plazo aproximado de cuatro meses. No obstante, ambos enfrentaron demoras y trabas en su ejecución.
En la localidad de El Salitral, en la provincia de Guayas, Progen debía implementar una capacidad de producción eléctrica de 100 megavatios, distribuidos en 29 generadores. En paralelo, en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, se contemplaba la instalación de 50 megavatios mediante 20 equipos similares.
