El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por terminado el proceso de escrutinio de la segunda vuelta electoral del pasado 13 de abril de 2025. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa fue reelecto con un 55,62% de los votos.
Noboa ganó la elección por 11,24 puntos sobre Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que obtuvo un 44,38% de los votos. La candidata desconoció su derrota debido a serias observaciones al proceso electoral.
Por ejemplo, un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó un grave problema en las papeletas de votación.
Según el informe, la Misión observó que se registraron inconvenientes al momento de cierre y escrutinio, pues la tinta para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, “debido a la simetría del diseño”.
Según la OEA, esta situación generó “confusión en la interpretación del voto, y, en algunos casos, derivó en su anulación”.
«No lo digo yo, lo dice el mismo informe de la OEA: irregularidades durante todo el proceso electoral y vamos a presentar pruebas de la manipulación de las actas», dijo Luisa González.
Sobre este tema, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se pronuncia. Y, pese a estas observaciones, el organismo electoral culminó el escrutinio del 100%.
Además de González y observadores internacionales, presidentes de la región como Gustavo Petro, de Colombia; Claudia Sheinbaum (México), Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), entre otros, se han sumado a las críticas a los resultados del últimos proceso electoral.
Otras condiciones de las elecciones
Los problemas en la tinta usada en las papeletas no sería el único problema que encontraron las misiones internacionales, como OEA y Unión Europea (UE).
Ambas organizaciones apuntaron a las condiciones de inequidad de la contienda electoral.
La UE apuntó que la campaña del presidente, que era candidato por horas o por días, “contribuyó a desdibujar aún más los límites entre ambos papeles y generó desequilibrio en las condiciones de competición”.
Mientras que la OEA consideró que esa inequidad “impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado”.
También cuestionó “la activación de instancias electorales y judiciales con fines políticos, como decisiones del Poder Ejecutivo basadas en interpretaciones constitucionales unilaterales que generaron serias dudas sobre su validez jurídica
