Organizaciones indígenas rechazaron las acusaciones y denunciaron la violencia promovida por el Gobierno y la criminalización de la protesta social.
La Conaie indicó que se inició un nuevo proceso de criminalización de la protesta social. Así mencionó que la Fiscalía acusó a 70 comuneros de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, del cantón Sigchos, Cotopaxi, por el presunto delito de terrorismo.
“Esta denuncia surge como respuesta a la resistencia de la población durante el proceso de falsa consulta ambiental iniciado por el ministerio del Ambiente, en un contexto de violencia promovido por el Gobierno de Daniel Noboa y las mineras”, indicó la Conaie en sus redes sociales.
Aquí además publicó dos imágenes, con los nombres de las personas que han sido denunciadas. Ante ello, la organización Comité Popular 15 de Noviembre indicó que la Fiscalía no defiende a los ciudadanos, sino que es una herramienta de persecución política.
“Es inconcebible que a pesar de la llegada de paramilitares armados, de GDOs (grupos de delincuencia organizada) pagados por las mineras para atemorizar a los comuneros, los únicos que hayan sido acusados han sido los habitantes de las comunas antimineras”, indicó el comité en sus redes sociales.
